La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una ley que establece penas de entre tres y cinco años de cárcel para los que vendan videojuegos violentos, según ha informado Europa Press el pasado 30 de octubre.
La 'Ley para la prohibición de Videojuegos y Juguetes Bélicos' perseguirá a aquellos que vendan, importen, fabriquen o alquilen este tipo de productos. Además, se insta a los que posean un videojuego violento a que lo destruyan.
La ley define este tipo de objetos prohibidos como "que sea una recreación que desarrolle capacidades que repercutirán en las futuras actuaciones de los menores o juguetes que sean réplicas de armas de fuego, armas blancas, contundentes o arrojadoras de puños".
Más que contra los videojuegos violentos, la ley parece encaminada a evitar que se cree una cultura alrededor de la violencia, uno de los problemas que azota el país en los últimos años. "La violencia no es problema coyuntural sino estructural y entendemos que los elementos clave en los que se sustenta la sociedad son la Iglesia, la familia y la educación. Son éstos los que deben crear conciencia además de contar con las acciones represivas de los órganos de seguridad", ha declarado José Albornoz, uno de los precursores de la ley y segundo vicepresidente de la Cámara.
