Nintendo tenía abierto un proceso judicial contra A. F. G., ciudadano de Avilés (Asturias) al que acusaba de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, así como descubrimiento y revelación de secretos, por la venta de tarjetas para la ejecución de juegos piratas en Nintendo DS. Nintendo pedía 23 años de cárcel y una compensación económica por valor de 840.000 euros.
El juzgado de lo Penal número 1 le ha absuelto, pero la sentencia es apelable. No se sabe por el momento si Nintendo presentará un recurso. De acuerdo a la sentencia, el juez no ha estimado que hubiera delito en las actuaciones del empresario.
El 1 de abril de 2009, por orden de la Administración de Aduanas de Avilés de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se intervinieron un total de 400 paquetes que venían desde China y que contenían cada uno un adaptador de memorias SD, un pendrive y el cartucho para la ejecución de software en Nintendo DS. Cinco días después se interceptó otro envío de 500 adaptadores y otros 500 para tarjetas microSD, todos ellos con destino al demandado.
El demandado alegó en la vista oral que realizaba estas importaciones desde 2006 y que también vende juegos y consolas originales de Nintendo.
De acuerdo a la sentencia se reconoce que los cartuchos solo pueden ser utilizados en la consola Nintendo DS, pero considera fundamental que los mismos "estaban desprovistos de software alguno, por lo que difícilmente se podía conseguir la supresión no autorizada o la neutralización de los dispositivos técnicos utilizados para proteger el programa de ordenador que contiene el juego o producto informático comercializado por Nintendo".
Se indica asimismo en la sentencia que "debe concluirse que la conducta del acusado no se ajusta a la previsión típica contenida en la ley penal", sostiene en relación a la acusación de delito contra la propiedad intelectual."
Con estos factores en cuenta, el juez ha desestimado que haya delito contra la propiedad industrial e intelectual, y niega también el delito de descubrimiento y revelación de secretos y el juez insiste en que el acusado desconocía el contenido informático de los cartuchos importados.
