Finalmente varios representantes de Nintendo han comparecido ante la Corte Europea de Primera Instancia en relación a la demanda de apelación presentada en 2003 por la multa que la Unión Europea impuso a Nintendo en 2002 a través de la Comisión Europea de 149 millones de euros por fijar precios acusándola de contravenir las leyes de la competencia al fijar acuerdos con siete distribuidoras europeas para aumentar los precios artificialmente para impedir la exportación de zonas de coste más elevado en zonas donde los juegos fueran más baratos.
Nintendo considera la multa "manifiestamente desorbitada" y considera que la cuantía ha sido calculada de manera inapropiada y que no está tampoco de acuerdo a la ley. De hecho, la multa triplica la cantidad establecida y consideran que la Comisión Europea no justificó este hecho. Del mismo modo, consideran que el incremento de un 10% en base anual por cada año de incumplimiento de la normativa es inapropiado pues "no se infringieron de forma continuada."
Según ha informado Bloomberg, el abogado de Nintendo ha afirmado que "la multa era injusta, ilegal e incluso chocante... sigue siendo una de las multas más grandes por la ley de competencia de la UE" a lo que Xavier Lewis, abogado de la Comisión Europea, ha afirmado que "la multa no era de índole caprichosa, o basada en estimaciones aleatorias... esta multa se puso por una infracción que se consideró muy seria."
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