Valve Corporation, la compañía responsable de Steam, ha sido declarada culpable de incumplir varios puntos de la ley de consumo de Australia. La razón principal es que en 2014, cuando se abrió la investigación, la compañía no tenía en Steam la actual política de reembolsos a clientes que ahora sí está funcionando tras la revisión de la misma en 2015.
De este modo, se inició una investigación al considerar que el hecho de que los consumidores que compraran juegos en Steam no pudieran solicitar un reembolso "vulneraba las leyes de consumo de Australia" y se ha condenado a la compañía en una sentencia de la Corte Federal de Australia al considerar que la compañía hizo "representaciones falsas o engañosas en sus términos y condiciones en tres versiones del acuerdo de uso del suscriptor de Steam y dos versiones de su política de reembolsos".
Según señala la sentencia, de acuerdo al acuerdo de uso de entonces y la política de reembolsos vigente en 2014, "los consumidores no tenían derecho a un reembolso por juegos comprados digitalmente a Valve través de la web o el cliente de Steam (en ninguna circunstancia)". No solo eso, también se señala que "Valve había retirado certificaciones y garantías para asegurar que los bienes fueran de calidad aceptable".
Por su parte, Valve alegó que no tienen presencia en real en Australia por lo que no venden oficialmente en el país, sino que solo ofrecen acceeso en línea a videojuegos a través de un cliente. También han alegado que su acuerdo de uso se basa en las leyes del estado de Washington en EE.UU. y no en las australianas.
La sentencia dictamina que Valve sí realiza negocios en Australia porque los acuerdos de uso implican acciones en territorio australiano. Rod Sims, presidente de la Comisión de Consumo y Competencia de Australia, ha declarado que "la decisión de la Corte Federal insiste nuevamente en que los negocios extranjeos que venden bienes o servicios a consumidores australianos se ven sujetos a las obligaciones de la ley de consumo australiana, incluyendo las garantías a los consumidores".
Debe señalarse que, además, es la primera vez que el tribunal federal australiano extiende la definición de un "bien" a "software informático", algo que, según señala Sims, "otorgará una mayor seguridad en el suminitro de bienes digitales a los consumidores mediante plataformas en línea".
